En CONFES consideramos que el pilar fundamental para poder afrontar con éxito los retos de competitividad del siglo XXI y sostener este moderno Estado del Bienestar en nuestro país es la EDUCACIÓN. En la "Educación" está el proyecto de sociedad futura y es la sociedad la que debe asumir los compromisos esenciales sobre su modelo educativo.
El desarrollo del moderno "Estado del Bienestar" en España requiere la adopción de compromisos en el seno de la sociedad civil. El papel de las Administraciones Públicas, siendo sustantivo, no puede desligarse del protagonismo de toda la sociedad española en las grandes decisiones sobre los servicios públicos esenciales y debe buscar en ella los acuerdos necesarios para la sostenibilidad de nuestro desarrollo y la defensa del Bienestar desde la corresponsabilidad de todos.
Desde CONFES mantenemos el convencimiento de que el protagonismo en educación no lo tienen los gobiernos; lo adquieren el profesor en el aula, el equipo directivo en el centro, los claustros en el estímulo de la formación, los consejos escolares en la dinamización de los procesos; los padres en la elección del proyecto educativo para sus hijos y supervisión del mismo; los alumnos en el cotidiano ejercicio del esfuerzo, el aprendizaje y en la participación activa de lo que acontece en el centro.
Igualmente, compartimos con muchos miembros de la Comunidad Educativa que las leyes educativas y la política educativa de estos ultimos años no satisfacen a una gran mayoría de la sociedad española, y algo más peligroso, no tienen consenso político y social demandado por la sociedad.
Ante las palabras del Ministro de Educación sobre la "viabilidad" de un pacto educativo, desde CONFES queremos manifestar que siempre hemos defendido la necesidad de un Pacto educativo ante la grave situación en que se encuentra el sistema educativo español y, concretamente, como única vía posible de solución del conflicto creado por la configuración normativa de Educación para la Ciudadanía, conflicto que no podrá resolverse si se excluye de dicho Pacto a los alumnos afectados.
Es, por tanto, incomprensible que a lo largo de estos meses de reuniones y conversaciones, que dice haber mantenido el gobierno "con diversos sectores representativos de la sociedad", no haya encontrado tiempo para recibir a los representantes de los padres y alumnos, con quienes existe un conflicto abierto por la implantación de Educación para la Ciudadanía, conflicto que se va agravar con la nueva intromisión del Estado en una cuestión que afecta al ámbito privado y de la conciencia: la imposición de la Educación sexual obligatoria.
Desconocemos el "documento de bases" para alcanzar ese "gran pacto" del que habla el ministro, pero por sus palabras entendemos que se ha eludido ese gran conflicto abierto en educación: el atropello de los derechos fundamentales y de la libertad de los padres, y los alumnos (en su caso), para decidir y elegir la formación moral de su elección, derechos y libertades que se ven atacados constantemente y de forma incuestionable. Sin afrontar estas cuestiones el pacto se quedará en un simple acuerdo circunstancial, motivado por intereses partidistas ajenos al interés general de la Educación en nuestro país, no se resolverán los principales problemas que la aquejan y desde luego el debate educativo seguirá candente en la sociedad española, que no se resignará a sufrir el mal hacer de este gobierno.
El desarrollo del moderno "Estado del Bienestar" en España requiere la adopción de compromisos en el seno de la sociedad civil. El papel de las Administraciones Públicas, siendo sustantivo, no puede desligarse del protagonismo de toda la sociedad española en las grandes decisiones sobre los servicios públicos esenciales y debe buscar en ella los acuerdos necesarios para la sostenibilidad de nuestro desarrollo y la defensa del Bienestar desde la corresponsabilidad de todos.
Desde CONFES mantenemos el convencimiento de que el protagonismo en educación no lo tienen los gobiernos; lo adquieren el profesor en el aula, el equipo directivo en el centro, los claustros en el estímulo de la formación, los consejos escolares en la dinamización de los procesos; los padres en la elección del proyecto educativo para sus hijos y supervisión del mismo; los alumnos en el cotidiano ejercicio del esfuerzo, el aprendizaje y en la participación activa de lo que acontece en el centro.
Igualmente, compartimos con muchos miembros de la Comunidad Educativa que las leyes educativas y la política educativa de estos ultimos años no satisfacen a una gran mayoría de la sociedad española, y algo más peligroso, no tienen consenso político y social demandado por la sociedad.
Ante las palabras del Ministro de Educación sobre la "viabilidad" de un pacto educativo, desde CONFES queremos manifestar que siempre hemos defendido la necesidad de un Pacto educativo ante la grave situación en que se encuentra el sistema educativo español y, concretamente, como única vía posible de solución del conflicto creado por la configuración normativa de Educación para la Ciudadanía, conflicto que no podrá resolverse si se excluye de dicho Pacto a los alumnos afectados.
Es, por tanto, incomprensible que a lo largo de estos meses de reuniones y conversaciones, que dice haber mantenido el gobierno "con diversos sectores representativos de la sociedad", no haya encontrado tiempo para recibir a los representantes de los padres y alumnos, con quienes existe un conflicto abierto por la implantación de Educación para la Ciudadanía, conflicto que se va agravar con la nueva intromisión del Estado en una cuestión que afecta al ámbito privado y de la conciencia: la imposición de la Educación sexual obligatoria.
Desconocemos el "documento de bases" para alcanzar ese "gran pacto" del que habla el ministro, pero por sus palabras entendemos que se ha eludido ese gran conflicto abierto en educación: el atropello de los derechos fundamentales y de la libertad de los padres, y los alumnos (en su caso), para decidir y elegir la formación moral de su elección, derechos y libertades que se ven atacados constantemente y de forma incuestionable. Sin afrontar estas cuestiones el pacto se quedará en un simple acuerdo circunstancial, motivado por intereses partidistas ajenos al interés general de la Educación en nuestro país, no se resolverán los principales problemas que la aquejan y desde luego el debate educativo seguirá candente en la sociedad española, que no se resignará a sufrir el mal hacer de este gobierno.
Si el Partido Popular es capaz de alcanzar un pacto con el Gobierno en el que se excluya el respeto a los derechos y libertades de los padres y de los alumnos, estará traicionando con sus hechos las buenas palabras y promesas que ha hecho en tantas veces en público. No se entendería que el partido de la oposición llegara a ningún pacto con el Ministerio de Educación si no se rectifica la política de imposición ideológica de este Gobierno en el ámbito educativo.
Cualquier pacto o consenso que se alcance a espaldas de los padres, y alumnos, y que no recoja medidas eficaces para garantizar el respeto a la libertad ideológica y de conciencia y el derecho a elegir la formación moral de nuestra elección será inútil en la práctica, y se perderá una magnífica ocasión de revisar a fondo el sistema educativo, tan necesitado de cambios profundos y definitivos.
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